En sus 100 años, ACLU del Sur de California (“ACLU SoCal”) ha obtenido victorias clave en materia de libertad civil. Pero como dijo una vez el cofundador de ACLU, Roger Baldwin: “La batalla por las libertades civiles nunca se gana.”
Un excelente ejemplo de esto es la demanda Rutherford v. Pitchess, también conocida simplemente como Rutherford.
Presentada por primera vez en 1975 por ACLU SoCal, la demanda expuso que las condiciones horribles en las cárceles del Condado de Los Ángeles eran tan espantosas que violaban el derecho constitucional contra castigos crueles e inusuales. Tres años después el juez del caso, William Gray, emitió una decisión histórica que estuvo de acuerdo con las condiciones horribles.
Gray se encargó de visitar cárceles superpobladas, sin previo aviso, y describió algunos aspectos de ellas como “constitucionalmente intolerables”. Especialmente criticó las celdas de detención drásticamente abarrotadas que se usaban cuando las personas en las cárceles eran transportadas a los tribunales.
"La visión de entre 20 y 54 hombres hacinados en una celda de cuatro metros es una experiencia repelente en cualquier sociedad que se enorgullece de sus elevados conceptos de dignidad humana", dijo Gray. "La comparación más cercana que puedo establecer con un espectáculo así es la de una pocilga superpoblada".
También consideró “intolerable” que no hubiese suficientes camas para los hombres, lo que los obligaba a dormir en colchones sobre pisos de concreto, lo que brindaba “malos ejemplos de los estándares y conceptos civilizados de dignidad, humanidad y decencia”.
Gray ordenó que se tomaran medidas para aliviar el hacinamiento, además de otros asuntos que incluyen la falta de ropa limpia, ejercicio inadecuado, tiempo insuficiente para comer y la falta de acceso telefónico.
Gray murió en 1992, pero lamentablemente el caso Rutherford continuó.
En 2005, ACLU SoCal presentó documentos judiciales diciendo que el departamento del sheriff del condado y la Junta de Supervisores estaban desafiando la decisión de Rutherford, especialmente en el Centro de Recepción de Reclusos (IRC), donde se procesa a las personas cuando ingresan por primera vez a la cárcel del condado después de un arresto. "De treinta a cuarenta hombres están siendo hacinados en celdas tan pequeñas que deben turnarse para tumbarse en el suelo duro y sucio", dice el documento, sin acceso a duchas o ni siquiera a comidas regulares.
El juez Dean Pregerson visitó una cárcel y no ocultó su disgusto, refiriéndose a las condiciones como “inconsistentes con los valores humanos básicos”. El mismo juez publicó una decisión en el 2006 destinada a restringir severamente el hacinamiento y a ordenar a los funcionarios del condado que desarrollaran un plan integral para mejorar las condiciones.
Las mejoras en nombre de Rutherford finalmente se deterioraron. En el verano del 2022, la abogada principal de ACLU SoCal, Melissa Camacho, ingresó al IRC y descubrió que las condiciones se habían vuelto aún más infernales, entre ellas:
- Decenas de personas apiñadas, durmiendo de pies a cabeza sobre el duro suelo de cemento.
- Personas defecando en botes de basura y orinando en el suelo o en contenedores de comida vacíos en espacios compartidos.
- Condiciones antihigiénicas, incluyendo pisos llenos de basura, lavabos e inodoros desbordados, falta de acceso a duchas o ropa limpia durante días y falta de acceso adecuado a agua potable y alimentos.
- Falta de atención médica adecuada, incluyendo la falta de suministro de medicamentos a personas con afecciones médicas graves, o falta de atención a personas que se están desintoxicando peligrosamente de drogas y alcohol.
Un hombre llamado Gilbert P. habló con Melissa en su tercer día en IRC sin colchón, sin agua potable y con un sarpullido doloroso en todo el cuerpo. Dijo simplemente: "Aquí esto es un infierno". La petición estacó especialmente el maltrato a personas con enfermedades mentales, diciendo que estaban encadenados a sillas durante días, donde dormían sentados y tenían acceso limitado a baños o agua potable.
Las horribles condiciones eran tan flagrantes que el condado no impugnó el expediente y el juez Pregerson emitió una orden temporal, prohibiendo mantener a las personas en el IRC más de 24 horas y prohibiendo encadenar a cualquier persona a una silla durante más de cuatro horas. También se ordenó a los funcionarios penitenciarios que proporcionaran baños funcionales, agua potable y atención médica.
De manera alarmante, el condado no pudo cumplir con estos requisitos mínimos básicos.
En Febrero de este año, ACLU SoCal y el Proyecto Penitenciario Nacional de ACLU presentaron una moción diciendo que el condado estaba “incumpliendo enormemente” con la orden del juez Pregerson.
"Después de casi cinco décadas de un ciclo interminable de promesas seguido de excusas y fracasos y de generaciones de miembros de la clase que soportan condiciones abismales", decía el documento, "el tiempo de hablar se acabó". La moción pedía que el juez tomara la rara medida de declarar en desobediencia al tribunal no sólo al sheriff sino también a toda la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
Quizás fue esa amenaza de desprecio lo que ayudó a lograr un acuerdo histórico.
En Junio del 2023, el juez Pregerson aprobó un acuerdo que hizo permanentes varios de los elementos que estaban en la orden temporal. La disposición más extraordinaria del acuerdo llegó al corazón mismo de Rutherford: la superpoblación. El acuerdo requería que el condado creara al menos 1,925 nuevas camas comunitarias en situaciones no carcelarias como alternativas al encarcelamiento de personas con enfermedades mentales. Cerca de 1.700 de esas nuevas colocaciones estarán en funcionamiento en los próximos dos años.
Es un enfoque revolucionario para las cárceles del condado de Los Ángeles, arraigado en una demanda que tiene 48 años.
Casi medio siglo después, una pregunta sigue sin respuesta.
¿Logrará finalmente la última petición de Rutherford lograr que el condado se tome en serio la falta de “dignidad, humanidad y decencia” en sus cárceles y detenga el hacinamiento sin sentido y el enjaulamiento innecesario de algunos de nuestros residentes más vulnerables del condado de Los Ángeles?
El Consejero Mayor de ACLU SoCal, Peter Eliasberg, responde mejor a esta pregunta: "se están comprometiendo a hacerlo ahora [pero] estaremos monitoreando de cerca para ver que lo hagan."
Este artículo es parte de la serie del centenario de ACLU SoCal, que explora la larga trayectoria de la afiliada y la evolución del trabajo y el impacto en el sur. La serie eleva peldaños históricos y hechos documentados en el “Foro Abierto”; El boletín informativo de ACLU SoCal publicado desde 1924 a 2004. Este año, en asociación con la Sociedad Histórica de California, ACLU SoCal ha publicado y digitalizado el “Foro Abierto” en su totalidad. Descubre el archivo y lee más sobre cómo la ACLU del sur de California ha luchado por una sociedad más justa e inclusiva.
