Las redadas de inmigración de la CBP en enero aterrorizaron a las comunidades y destrozaron a las familias
BAKERSFIELD – Hoy, en respuesta a las redadas descaradas e ilegales realizadas por agentes federales en el Valle Central el mes pasado, la Unión de Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers, UFW) y cinco residentes del condado de Kern demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. para prohibirles detener, arrestar y expulsar sumariamente del país a miembros de la comunidad utilizando prácticas que violan la Constitución de los EE. UU. y la ley federal.
En enero, agentes de la Patrulla Fronteriza con base en la frontera entre Estados Unidos y México viajaron más de 300 millas hasta Bakersfield para lanzar la "Operation Return to Sender" (“Operación Devolución al Remitente”), una operación de una semana de duración a través de áreas predominantemente latinas del condado de Kern y la región circundante.
La operación parece haber sido diseñada para atrapar, detener y arrestar a personas de origen Latino que parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros, independientemente de su estatus migratorio real o circunstancias individuales. De ahi, la Patrulla Fronteriza los transportó a su Estación en El Centro, California, y los presiono a firmar la salida “voluntaria”, una forma de expulsión sumaria que puede resultar en una prohibición de reingreso a los Estados Unidos de varios años de duración.
Por ejemplo, los agentes de la Patrulla Fronteriza exigieron a María Hernández Espinoza, que había residido en el condado de Kern durante 20 años, que firmara formularios que no se le permitía leer, sin revelar que al firmarlos aceptaba salir del país. Ignoraron sus súplicas de tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración, como es su derecho según la ley federal. La señora Hernández Espinoza y al menos otras 40 personas están ahora abandonados en México, separadas de sus familias y sin saber cuándo volverán a ver a sus seres queridos.
“Nos detuvieron porque teníamos aspecto Latino o de trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto”, dijo María Hernández Espinoza, una de las demandantes en la demanda. “Espero que se protejan nuestros derechos para que todos los trabajadores puedan trabajar y vivir en paz".
Los agentes de la Patrulla Fronteriza se desplegaron por carreteras y caminos cercanos a granjas y negocios, deteniendo y arrestando indiscriminadamente a personas que no eran blancas. Cuando las personas a las que detuvieron intentaron ejercer sus derechos o no encajaban en el perfil asumido (y, de hecho, tenían un estatus migratorio legal), los agentes de la Patrulla Fronteriza tomaron represalias y, en muchos casos, los arrestaron de igual manera.
Aunque la "Operación Devolución al Remitente" se basó en prácticas ilegales en cada paso, la Patrulla Fronteriza ha manifestado sus planes de replicarla en otras partes de California.
“Los trabajadores del campo, y todos nuestros vecinos en el condado de Kern, deberían tener el derecho de trabajar y vivir sin miedo”, dijo la Presidenta de la UFW Teresa Romero. “Como resultado de las tácticas abusivas de la Patrulla Fronteriza, docenas de residentes de Kern de muchos años ahora se encuentran aislados en Mexico, lejos de sus hogares y sus familias, trabajos, y comunidades que los necesitan. Redadas discriminatorias por agencias federales dañan al derecho de los ciudadanos hispanos a sentirse bienvenidos en su país. Estas redadas también intimidan a trabajadores a tolerar y guardar silencio frente explotación y abuso en los campos, empeorando los sueldos y las condiciones de trabajo para todos".
Los demandantes están representados por las Fundaciones ACLU del Norte de California, el Sur de California y los condados de San Diego e Imperial, y por Keker, Van Nest & Peters LLP.
“Las prácticas ilegales de la Patrulla Fronteriza no hacen que nadie esté más seguro. Aterrorizan a las comunidades, violan la Constitución y ignoran los límites que el Congreso ha impuesto a los agentes de inmigración,” dijo Bree Bernwanger, abogada senioria de la Fundación ACLU del Norte de California. “Esta demanda busca poner fin a la dependencia de la Patrulla Fronteriza en la discriminación racial, los arrestos indiscriminados sin orden judicial y el uso de la coerción y el engaño para negar a las personas sus derechos”.
Los demandantes intentan representar tres clases de personas que han sido o serán sometidas a las tres prácticas ilegales que esta demanda cuestiona: 1) detenciones independientemente de una sospecha razonable de presencia ilegal, 2) arrestos sin tener en cuenta la causa probable de riesgo de fuga y 3) salida voluntaria sin una renuncia consciente y voluntaria de sus derechos. En su operación ilegal, la Patrulla Fronteriza violó el derecho de la Cuarta Enmienda de los demandantes contra registros e incautaciones irrazonables, su derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso y otras leyes federales.
“La Patrulla Fronteriza viajó 300 millas desde la frontera para arrestar a personas por su color de piel, lo cual es inaceptable”, dijo Ajay Krishnan, socio de Keker, Van Nest & Peters. “Pero el comportamiento de los agentes aquí (rompiendo ventanas, cortando neumáticos, tirando a una abuela al suelo, arrestándola y luego dejándola ir después de ver su tarjeta verde) es pésimo. Estas prácticas ilegales tienen que terminar”.
Lea la denuncia: https://www.aclusocal.org/sites/default/files/001_complaint.pdf